Condenan en Argentina a 14 funcionarios penitenciarios por torturar y matar a un preso

La Justicia argentina condenó a 14 funcionarios penitenciarios por torturar y matar a un preso, y encubrir el crimen, considerando que este hecho muestra una situación de “corrupción generalizada” por parte de una gran parte de trabajadores del Servicio Penitenciario Federal de ese país.

“El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén condenó a 14 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por haber torturado hasta la muerte a un detenido llamado Argentino Pelozo Iturri y por haber encubierto ese grave crimen”, informó la procuración, órgano del Poder Legislativo que tiene como objetivo la protección de los derechos humanos de la personas privadas de libertad en Argentina.

El Tribunal sostuvo que el 8 de abril del 2008, Pelozo Iturri sufrió una “feroz golpiza que derivó en su muerte”.

“Pelozo fue golpeado en su celda, fue golpeado durante el traslado a la enfermería y, una vez que ingresa a este sector (…) es nuevamente castigado (…) El pedido de Pelozo (a los gritos) que pararan de pegarle, no tuvo una respuesta favorable, sino que (…) continuaron golpeándolo”, afirma el Tribunal en el fallo.

La resolución añade que “la muerte era previsible para la propia víctima y sin duda también lo era para los cobardes agentes que se potenciaban por su cantidad y autoridad sobre el detenido y la seguridad de impunidad”.

Diferentes funcionarios de la propia unidad vieron la situación, pero muchos la eludieron o la consistieron, señaló el tribunal.

La Justicia condenó a prisión perpetua a ocho agentes por considerarlos coautores del delito de imposición de torturas seguido de muerte; mientras que a dos exjefes de la unidad les impuso una pena de seis años de prisión por los delitos de omisión.

Además, condenó al médico de la unidad a cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión por no denunciar el delito.

También condenó al enfermero de la unidad a tres años y seis meses de prisión y a un exjefe regional le impuso la pena de seis años de prisión por los delitos de encubrimiento doblemente agravado.

En el fallo se denuncia que algunas de las personas que actualmente están detenidas y han declarado como testigos, “han sufrido inexplicables situaciones de aislamiento y/o castigos inmerecidos e injustificados”.

“Corrupción es esto. (…) En esta causa ha quedado demostrada la corrupción generalizada de una gran parte de funcionarios del Servicio Penitenciario Federal”, denuncia el Tribunal en el fallo.