Internacional
EGIPTO COMENZÓ RENUNCIAR EL LEY DE EMERGENCIA
Egipto comenzó iniciar poner fin al estado de emergencia vigente desde hace tres décadas en el país, declaró hoy el jueves el Gobierno, respondiendo a una demanda clave de los manifestantes que derrocaron en febrero al ex presidente Hosni Mubarak.
El consejo militar que Gobierna el país prometió eliminar la ley de emergencia, que dio poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad para reprimir el pueblo durante el régimen de Mubarak.
El portavoz del gobierno egipciano, Mohamad Hijazi, declaró que: "El Gobierno ha decidido comenzar los procedimientos necesarios para terminar el estado de emergencia en coordinación con el consejo militar". Los activistas egipcios de derechos civiles afirman para mantener los poderes de emergencia tras la caída de Mubarak es un anacronismo en el país que ha socavado la credibilidad del Gobierno como fuerza de cambio democrático.
En julio estallaron protestas callejeras que duraron días, en parte propiciadas por la percepción de que las fuerzas de seguridad no han sido llevadas al banquillo por el brutal tratamiento a los manifestantes durante el levantamiento de 18 días contra Mubarak y por la continuidad de los abusos.
El gobierno egipciana declaró la aceptación de la petición de poner fin al estado de emergencia antes del inicio de las elecciones parlamentarias que se celebrarían en el próximo noviembre. En un comunicado del gobierno que: "El Gobierno ha confirmado que desde asumir sus responsabilidades, no ha tomado ninguna medidas excepcionales permitidas bajo la ley de emergencia. El gobierno ha seguido los procedimientos legales normales.
Algunos egipcios dicen que la policía está tratando de cambiar sus manejos y que al menos se ha vuelto más amistosa con el público. Otros señalan que, dentro de las estaciones de la fuerza, la intimidación y la violación de los derechos civiles son lo mismo como fue durante el régimen de Mubarak.
La ley de emergencia, introducida en 1981 tras el asesinato del ex presidente Anwar Sadat a manos de militantes islamistas, le permitía a la policía encarcelar personas y mantenerlas encerradas por meses sin presentar cargos. En teoría, la policía estaría forzada a respetar los procedimientos legales y la presunción de inocencia.
La Amnistía Internacional instó a Egipto en abril pasado de retirar la ley en un informe de 80 páginas titulado "Tiempo para la justicia: el corrosivo régimen egipcio de detenciones".
El grupo enumeró el brutal tratamiento a los egipcios presos, que incluía palizas, privación del sueño y amenazas de muerte, entre otras vejaciones.
Los oficiales de la era de Mubarak rechazaron las preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos tachándolas de acusaciones no demostradas o incidentes aislados que no demostraban un patrón de malos tratos.
Mubarak con sus dos hijos y el ex ministro del Interior Habib el Adli con varios ayudantes se enfrentan cargos de corrupción y de asesinato de manifestantes durante las revueltas. Ellos niegan las acusaciones.
| El consejo militar que Gobierna el país prometió eliminar la ley de emergencia, que dio poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad para reprimir el pueblo durante el régimen de Mubarak.
El portavoz del gobierno egipciano, Mohamad Hijazi, declaró que: "El Gobierno ha decidido comenzar los procedimientos necesarios para terminar el estado de emergencia en coordinación con el consejo militar". Los activistas egipcios de derechos civiles afirman para mantener los poderes de emergencia tras la caída de Mubarak es un anacronismo en el país que ha socavado la credibilidad del Gobierno como fuerza de cambio democrático.
En julio estallaron protestas callejeras que duraron días, en parte propiciadas por la percepción de que las fuerzas de seguridad no han sido llevadas al banquillo por el brutal tratamiento a los manifestantes durante el levantamiento de 18 días contra Mubarak y por la continuidad de los abusos.
El gobierno egipciana declaró la aceptación de la petición de poner fin al estado de emergencia antes del inicio de las elecciones parlamentarias que se celebrarían en el próximo noviembre. En un comunicado del gobierno que: "El Gobierno ha confirmado que desde asumir sus responsabilidades, no ha tomado ninguna medidas excepcionales permitidas bajo la ley de emergencia. El gobierno ha seguido los procedimientos legales normales.
Algunos egipcios dicen que la policía está tratando de cambiar sus manejos y que al menos se ha vuelto más amistosa con el público. Otros señalan que, dentro de las estaciones de la fuerza, la intimidación y la violación de los derechos civiles son lo mismo como fue durante el régimen de Mubarak.
La ley de emergencia, introducida en 1981 tras el asesinato del ex presidente Anwar Sadat a manos de militantes islamistas, le permitía a la policía encarcelar personas y mantenerlas encerradas por meses sin presentar cargos. En teoría, la policía estaría forzada a respetar los procedimientos legales y la presunción de inocencia.
La Amnistía Internacional instó a Egipto en abril pasado de retirar la ley en un informe de 80 páginas titulado "Tiempo para la justicia: el corrosivo régimen egipcio de detenciones".
El grupo enumeró el brutal tratamiento a los egipcios presos, que incluía palizas, privación del sueño y amenazas de muerte, entre otras vejaciones.
Los oficiales de la era de Mubarak rechazaron las preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos tachándolas de acusaciones no demostradas o incidentes aislados que no demostraban un patrón de malos tratos.
Mubarak con sus dos hijos y el ex ministro del Interior Habib el Adli con varios ayudantes se enfrentan cargos de corrupción y de asesinato de manifestantes durante las revueltas. Ellos niegan las acusaciones.