Tres bahreiníes han sido “eliminados” por una unidad especial cuando se encontraban a bordo de un barco. Los tres activistas, Reda al Guesra, Mahmoud Yussef y Moustafa Yussef fueron tiroteados el jueves y fallecieron en el acto. El Gobierno de Bahréin dijo que eran presos fugados que “intentaban huir a Irán”.

“Las fuerzas de seguridad, en una operación conjunta, impidieron el tráfico de terroristas fugitivos involucrados en una fuga el 1 de enero de 2017”, alegó el Ministerio del Interior.

“La investigación preliminar indica que la embarcación de los fugitivos se dirigía a Irán”, agregó.


Las autoridades de Bahréin afirmaron que el 1 de enero fue llevado a cabo un ataque contra una prisión del país que se saldó con la muerte de un policía y la fuga de un total de diez reos detenidos por delitos de “terrorismo”.

No obstante, el responsable mediático en una organización de Derechos Humanos en Bahréin, Baker Darwish, pone en duda la versión oficial y pide una investigación imparcial.

“No podemos aceptar la versión de las autoridades, en los calabozos de las cárceles mueren muchas personas a causa de la tortura y nunca se pidió cuentas a los responsables”, dijo. “Exigimos formar comité de investigación internacional en los casos sospechosos”, añadió.

Darwish incluso dudó de la veracidad de la fuga de presos de la “horrible prisión” de máxima seguridad “Joe”. “La única fuente sobre el cuento de la fuga es el régimen al que no tenemos confianza en su veracidad sobre los detalles”, comentó.

Las familias de los tres mártires aseguran que ninguna parte oficial contactó con ellos para recibir los cuerpos sin vida de sus hijos.


La Coalición 14 de Febrero tildó la muerte de estos jóvenes de “horrible masacre” que refleja la debilidad del régimen, asegurando que la sangre derramada injustamente hará tambalear a los tronos de los tiranos.

Asimismo, la oposición bahreiní en el exterior condenó “el brutal crimen” calificándolo como ejecución extrajudicial.

El régimen de Bahréin ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas registradas en su territorio desde 2011, imponiendo para ello la Ley de Seguridad Nacional en marzo de ese mismo año, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por participar en manifestaciones o disturbios, acusadas de “pertenencia a organizaciones terroristas”.