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Demandarían a Arabia Saudita por ataques del 9/11
Senado de EEUU aprueba proyecto de ley que defiende a víctimas de los atentados
El Senado estadounidense aprobó este martes una propuesta de ley que permitiría a familiares de víctimas de los ataques terroristas ocurridos el 11 de septiembre del 2001 demandar al gobierno de Arabia Saudita por su presunta responsabilidad en estos hechos, pese a las objeciones de ese aliado de Washington, lo que coloca al Congreso en curso de colisión con la Casa Blanca.
La Ley de Justicia contra Patrocinadores del Terrorismo, aprobada a viva voz, había generado una amenaza de Riad de sacar miles de millones de dólares de la economía estadounidense, si la medida era promulgada.
La iniciativa de ley, patrocinada por el senador republicano John Cornyn y su colega demócrata Chuck Schumer, da a familiares de las víctimas el derecho a demandar en tribunales estadounidenses por cualquier papel que elementos dentro del gobierno saudita hayan tenido en los ataques del 2001, que causaron la muerte de miles de personas en Nueva York, el área metropolitana de Washington y Pennsylvania.
Por su parte, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, reiteró la oposición del presidente Barack Obama a la aprobación de esta ley, quien ya amenazó con vetarla.
El proyecto de ley pasará a la Cámara de Representantes, donde los legisladores introducirán sus propuestas.
El expresidente norteamericano George W. Bush, ordenó en 2002 mantener en secreto 28 páginas del Informe Especial de la comisión investigadora del Senado sobre los atentados del 11 de septiembre.
La prensa neoyorquino planteó que a los estadounidenses nunca se les explicó la probable implicación de Arabia Saudita en los atentados terroristas, en los cuales 15 de los 19 participantes en los atentados contra las Torres Gemelas, en Nueva York, eran ciudadanos de ese país y miembros del grupo terrorista Al Qaeda.
Explica, además, que el exsenador norteamericano Daniel Robert Graham, uno de los responsables del comité de investigación creado por el Congreso en 2002, continúa afirmando que existen evidencias sobre la complicidad de instituciones y personas de Arabia Saudita.