Para quienes acompañan el creciente papel de Brasil en la región latinoamericana desde el ascenso al poder del Partido del Trabajo, con la presidencia primero de Luiz Inacio Lula da Silva y ahora de Dilma Rousseff, resultan incomprensibles las imprevistas manifestaciones que han sacudido al gigantesco país en las últimas semanas.

El  analista Hedelberto Blanch ilustra en el sitio web Rebelión.org  las realizaciones de ambos presidentes con datos claros:  “El crecimiento de Brasil ha sido constante en los últimos 10 años, y si en 2007 ocupaba el décimo lugar por el total de su Producto Interno Bruto (PIB), en 2008 superó a Canadá, en 2009 a España para alcanzar la octava posición; en 2010 a Italia y a finales de 2012 está a solo pocos puntos de Gran Bretaña que ocupa la sexta posición.”

Y añade: “La administración de Lula, desde su comienzo en 2002, se ocupó de emprender varios proyectos sociales como Hambre Cero, Bolsa Familia (brindan asistencia a núcleos pobres) y Primer Empleo,  que facilita a los jóvenes el acceso al mercado laboral, además de los subsidios distribuidos y el aumento del 53 % del salario mínimo desde 2003.”

Los beneficiados fueron, sin duda, los más pobres, que vieron incrementarse su poder adquisitivo y facilitar el acceso a la escolarización de sus hijos y al trabajo. La pobreza retrocedió a la mitad en los últimos nueve años y el desempleo cayó a la tasa más baja de la historia de ese país.

¿Por qué entonces las manifestaciones?

El acumulado de miseria y de ansias sociales insatisfechas no podría resolverse en menos de una década.

El gran país del sur presentaba en muchos órdenes niveles de insatisfacción de necesidades básicas solamente comparables a pequeñas repúblicas carentes de recursos humanos y materiales.

El país, siguiendo la norma latinoamericana, presentaba, y aún presenta, una enorme disparidad en la distribución de los ingresos.  La distribución desigual de las riquezas no es un hecho económico opresivo, sino moralmente escandaloso: mientras millones de personas -32 millones- vivían en la pobreza, las viejas élites oligárquicas viven en una increíble abundancia.


Uno de los ejemplos que colmó la cuota de paciencia de los brasileños fueron no solamente las impresionantes construcciones para albergar el próximo Mundial de fútbol, sino las condiciones aceptadas por los organizadores, impuestas por la Federación Internacional de Fútbol, según las cuales el brasileño de a pie tendrá que conformarse con ver los partidos principales por televisión, incapaz de pagar precios obscenos por la entrada a los estadios.

Otros fenómenos constantes en Latinoamérica -y no solamente allí- como la corrupción, pese a los esfuerzos de los gobiernos laboristas, también han sido fuente de irritación popular.

Las manifestaciones son un alerta importante, pero no solamente para el gobierno de Dilma Rousseff, sino para toda la clase política brasileña. De hecho, es probable que el actual gobierno, el más popular que ha tenido Brasil -los índices de popularidad de la presidenta, de un 75%, solamente son comparables con los que obtuvo Lula en su momento- pueda aprovechar este movimiento de masas para avanzar en propuestas más radicales, estructurales  -agrarias, políticas, entre otras- que de otro modo le serían difíciles de adelantar en el complejo contexto político brasileño, constreñido por el neoliberalismo implantado décadas atrás y por la acción de una fuerte y reaccionaria burguesía.


Y renovar el diálogo, ahora insuficiente, con los movimientos sociales que llevaron al Partido del Trabajo al poder.

Por lo pronto, como cita Blanch, el gobierno de Dilma sabe que debe emprender un camino más acelerado para responder al mismo pueblo que la eligió y la respalda.  Su ministro de Hacienda, Guido Mantega, resumió esta visión al afirmar: “aún queda mucho camino por andar pues pese a los avances, Brasil requiere aumentar sus inversiones en el área social, mejorar las infraestructuras en muchos territorios y continuar disminuyendo las asimetrías actuales”.