El presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha emitido este martes un decreto por virtud del cual establece una serie de penas para quienes entren en el país árabe de forma ilegal, según ha informado la agencia de noticias oficial, SANA.

De acuerdo con el decreto presidencial, aquellos que entren en territorio sirio de forma ilegal podrán ser condenados a una pena de entre cinco y diez años de cárcel y a una multa de entre cinco y diez millones de libras sirias (38.000 y 76.000 euros).


El gobierno sirio ha denunciado en numerosas ocasiones los intentos de infiltración de "terroristas" extranjeros, a través de la frontera libanesa y turca, en territorio sirio para desestabilizar el país.

Además, ha denunciado que estos "terroristas" están financiados por potencias regionales, entre las que ha mencionado a Arabia Saudí, Qatar y Turquía, entre otros países extranjeros, instando al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a actuar al respecto.

De otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Saud al-Faisal, prometió "ayudar al pueblo sirio para cambiar el equilibrio sobre el terreno e imponer una solución pacífica". En una rueda de prensa en la ciudad de Yeda, donde se reunió con el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, Al-Faisal aseguró que Arabia Saudí "no se va a quedar de brazos cruzados".


Mientras que EEUU anunció el pasado 13 de junio su intención de prestar ayuda militar a los opositores a Al-Asad, Al-Faisal destacó que Rusia "no tiene justificación" para armar al régimen sirio, en alusión al encargo de Siria para recibir misiles antiaéreos rusos S-300.

En ese sentido, pidió una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que impida el suministro de armas a Damasco y la "retirada total de la legitimidad" del régimen sirio.

Por su parte, Kerry aseguró que la futura conferencia de Ginebra -impulsada por Rusia y EEUU- "es la mejor oportunidad para solucionar la crisis en Siria".