La Comisión Europea mantiene "serias preocupaciones" por los últimos cambios que el Gobierno húngaro ha introducido en la Constitución del país, por lo que le ha reclamado nueva información detallada con la que examinar si las modificaciones son compatibles con la normas de la Unión Europea o bien Bruselas inicia un expediente sancionador.

Tras un primer análisis jurídico de las nuevas disposiciones de la Carta Magna húngara, los servicios legales del Ejecutivo comunitario han enviado "tres cartas administrativas a las autoridades húngaras para solicitar datos adicionales", ha informado en una rueda de prensa el portavoz comunitario Olivier Bailly.

La respuesta de Budapest "permitirá a la Comisión decidir los pasos a seguir", ha apuntado el portavoz, lo que incluye la posibilidad de abrir los respectivos procedimientos de infracción, "si fuera necesario". Bruselas remitió este jueves, 2 de mayo, las cartas y da a las autoridades del país un plazo de un mes para responder.

En concreto, lo que el equipo jurídico de la Comisión analiza son tres nuevos artículos de la Constitución que limitan la publicación de anuncios políticos en campaña electoral, conceden al presidente de la Oficina Nacional para la Judicatura el poder de transferir casos e introducen una cláusula sobre las sentencias del Tribunal de Justicia europeo que contemplan obligaciones de pago.

El pasado 11 de abril, el propio presidente comunitario, José Manuel Durao Barroso, trasladó en una carta al primer ministro húngrao, Viktor Orban, las dudas de Bruselas respecto a la compatibilidad de la Cuarta enmienda del texto constitucional con los valores, principios y normas de la UE. Barroso instó al Gobierno húngaro a "abordar todos los problemas con determinación y sin ambigüedades", ha explicado Bailly.

El portavoz comunitario ha señalado que Orban respondió a esa misiva asegurando que se estaban dando los pasos legislativos y reiterando el "compromiso" de las autoridades húngaras para con las normas europeas, al tiempo que recordaba su "plena cooperación". Esta disposición es "bienvenida" por Bruselas, pero deben seguirle "acciones eficaces" que "den respuesta a todas las preocupaciones" señaladas por la Comisión, ha añadido.

Bailly ha señalado que la petición de información es una solicitud "administrativa" de los servicios legales de la Comisión y no un paso "a nivel político", y que sólo tras analizar la respuesta a dicho requerimiento se valorará si es suficiente o bien es necesario dar el paso legal con el que iniciar el expediente sancionador.

Fuente: Europa Press