La asamblea de “Al Wifaq” bahreiní, señaló que “el numero anunciado por el gobierno sobre los echados del trabajo de los ministerios del estado y sus entidades, es falso, y no refleja el número real”, considerando que “es un arqueo y parte de una serie de intentos realizados por el gobierno para saltar sobre los derechos de los ciudadanos y los casos de injusticia llevadas a cabo por este mismo contra ellos”.

La asamblea añadió en una comunicación emitido que “el numero de 180 empleados es una falsificad oficial amplia, porque el numero de los echados en el sector público supera los 375 empleados, lo que revela el arqueamiento y el intento de superar a las quejas de los ciudadanos despedidos con decisiones tiránicas e ilegales”.

“Al Wifaq” añadió en la misma comunicación, “según los registrados en la federación general de sindicatos de Bahréin, hay más de 170 empleados parados del trabajo, y más de 275 empleados fueron parados anteriormente, también hay 826 de los empleados del sector público que son afectados de las acciones injustas, lo que significa que hay 2100 empleados en el sector público, afectados por las acciones ilegales e injustas del gobierno, según los números de la unión, y no 180 empleados como propuesta del gobierno hoy en día”.

La asamblea consideró que “es un gran error escindir el tema, porque quien quiere salvar el país, primero tiene que reconocer la verdad (…) y no manipular los números de los afectados y tomar ventaja de este caso humanitario para la magnificencia de promoción en los medios de comunicación”, aclarando que “las operaciones de separación del trabajo eran manipuladas y por las mismas razones y motivos que fueron políticos y sectarios por su mayoría, y fue contra una categoría precisa, y incluyó más de 4400 trabajadores y trabajadoras de los sectores públicos y privados”.

La asamblea añadió en su comunicación “el informe de Basiouni demostró de forma muy cierta que el paro del trabajo era injusto y contra los procedimientos y leyes, y de que 4400 empleados fueron despedidos por razones de venganza y relacionado con sus intenciones y el consciente libre de parte del gobierno, lo que insiste su ilegalidad y la necesidad de despedirlo, preservando el interés nacional”.

Es bien recordar que el presidente de la oficina de servicio civil, Ahmed Al-Zayed, había dicho que “hay 180 empleados registrados en la oficina de servicio civil quienes fueron echados por decisiones disciplinarios, a base de los acontecimientos anteriores, y volverán al trabajo a partir del 1 de enero de 2012”.