Internacional
Tribunal Penal de Bahréin condena a dos agentes de Policía
Los agentes golpearon hasta la muerte a un manifestante detenido
El Tribunal Penal de Bahréin ha condenado este martes a diez años de cárcel a dos agentes de Policía acusados de golpear hasta la muerte a Alí Isa Ibrahim Saqr, detenido en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que sacuden la isla desde febrero de 2011, si bien les ha absuelto de la muerte de otro manifestante, Zakariya Rashid Alí al Ashiri.
El tribunal ha absuelto asimismo a otros tres agentes acusados de encubrir el crimen y de no informar a las autoridades competentes, según ha informado el director de la Unidad Especial de Investigaciones, Nawaf Abdulá Hamza, según la agencia bahreiní de noticias, BNA.
Este mismo martes, seis personas han sido detenidas en el país por "difamar" al monarca, Hamad bin Isa al Jalifa, a través de comentarios publicados en Twitter, ha dicho el fiscal general bahreiní, Nayef Yusuf.
Yusuf ha puntualizado que "la libertad de expresión está garantizada por la Constitución y las convenciones internacionales", si bien ha matizado que se ha de ejercer "de forma objetiva y sin incitar a la gente".
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente durante el último año las protestas pro democráticas en el territorio. Manama impuso en respuesta la ley marcial y pidió la entrada de tropas saudíes y emiratíes para controlar las protestas y aplastar las manifestaciones.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras(RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.