El presidente de Egipto, Mohamed Mursi, ha aprobado este jueves un decreto en el que establece el calendario para las próximas elecciones legislativas, que comenzarán el 27 de abril. El proceso concluirá con la toma de posesión de los nuevos diputados de la Cámara Baja el 6 de julio.

Al igual que sucedió con los anteriores comicios parlamentarios, las elecciones legislativas se celebrarán en varias fases en las diferentes regiones del país por la escasez de supervisores electorales. El decreto marca el 27 de abril como fecha de inicio y plantea una serie de fases que concluirán a finales de junio.

La decisión de Mursi ha trascendido horas después de que el Consejo de la Shura, la Cámara Alta, aprobase la nueva Ley Electoral. Los próximos comicios determinarán la composición de la Asamblea Popular (Cámara Baja), disuelta en 2012 después de que el Tribunal Constitucional estableciera que la anterior norma electoral era injusta.

La nueva Cámara Baja tendrá que adoptar importantes decisiones en materia económica que le reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de conceder un préstamo de 4.800 millones de dólares (3.630 millones de euros) para afrontar la actual crisis económica.

El pasado lunes, el Tribunal Constitucional solicitó cambios en cinco artículos de la nueva norma electoral. El Consejo de la Shura ha aceptado esos cambios y ha aprobado la nueva ley modificada sin someterla a votación.

"La decisión del Tribunal Constitucional es vinculante y nosotros no tenemos derecho a votarla. Debe ser llevada a cabo", ha explicado el presidente del Senado, Ahmed Fahmy. La nueva norma prohíbe que los miembros del Parlamento cambien de afiliación política tras haber sido elegidos.

Durante el régimen del anterior presidente, Hosni Mubarak, los parlamentarios independientes eran presionados para que se incorporaran a las filas de la formación gubernamental, el Partido Nacional Democrático, que monopolizó la vida política egipcia hasta la caída del régimen el 11 de febrero de 2011.

La Ley Electoral también establece que un tercio de los diputados de la Cámara Baja deben ser candidatos independientes y prohíbe a los miembros del extinto Partido Nacional Democrático la participación en la vida política durante al menos diez años.