El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha asentado las bases legales para autorizar la muerte de ciudadanos norteamericanos en ataques con aviones no tripulados en los casos en que se revele su vinculación con Al Qaeda y en que se determine que suponen una "amenaza inminente".

El número de ataques con aviones no tripulados ha aumentado desde la llegada de Obama al poder

Desde que Barack Obama asumió en 2009 la Presidencia de Estados Unidos han aumentado los ataques con aviones no tripulados en el extranjero, sobre todo en Pakistán y Yemen, lo cual ha generado una fuerte polémica en estos países.

Estos ataques han causado la muerte de cientos de supuestos miembros de Al Qaeda y se han justificado como actos de autodefensa coherentes con el Derecho Internacional. Los detractores consideran que se trata de ejecuciones extrajudiciales que causan, además, la muerte de civiles.

Según un informe desclasificado del Departamento, de 16 páginas y que ha llegado a poder de la cadena de televisión NBC News, las autoridades norteamericanas pueden autorizar la muerte de estadounidenses en el extranjero cuando se trata de líderes de Al Qaeda o de cualquiera de sus aliados.

El documento, que no tiene fecha, considera que estos ataques no violan la soberanía de otros países en los casos en que sus Gobiernos den su consentimiento o demuestren falta de voluntad o de capacidad para acabar con estas amenazas individuales.


Aparte, concluye que los bombardeos con los aviones no tripulados en el extranjero tampoco contravienen la Constitución estadounidense en los casos en que las máximas autoridades norteamericanas establezcan que los objetivos individuales suponen una "amenaza inminente" contra Estados Unidos o que la captura de esas personas es "inviable".

La operación tampoco es anticonstitucional si puede llevarse a cabo "en coherencia con las leyes de la guerra", según el informe, que advierte de que los tribunales no tienen ningún poder de revisión o control de estas actividades.

En cuanto a la definición de "amenaza inminente", el documento destaca que no es necesario que haya pruebas de que se esté planificando ningún ataque en concreto en los casos en que conste la implicación frecuente del individuo en conspiraciones contra Estados Unidos.

Unión Amaricana de Libertades Civiles (ACLU)

La principal y más veterana organización de Derechos Humanos de Estados Unidos, la Unión Amaricana de Libertades Civiles (ACLU), ha reaccionado a la publicación de este "notable documento" advirtiendo, en palabras de su subdirector para asuntos legales, Jameel Jaffer, de que pone de evidencia "tanto la imprudencia de los argumentos centrales del Gobierno" como "las deficiencias del sistema defensivo".

El informe del Departamento de Justicia, según Jaffer, autoriza estos ataques "incluso cuando la amenaza no es inminente en el sentido habitual de la palabra, cuando el objetivo nunca ha sido imputado de crímenes ni informado de las acusaciones en su contra e incluso cuando el objetivo no se halla cerca de una zona de combate".

ACLU -creada en los años veinte del siglo pasado y que cuenta con medio millón de socios y simpatizantes- se ha personado en la denuncias contra el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) presentadas por los familiares de tres estadounidenses muertos en ataques con aviones no tripulados, por considerar que estos homicidios son anticonstitucionales.

Se trata de los casos de Anwar al Awlaki, supuesto miembro de Al Qaeda nacido en el estado de Nuevo México y muerto en Yemen en septiembre de 2011; Samir Khan, nacionalizado estadounidense y responsable de una página de Internet afín a Al Qaeda, muerto en el mismo ataque; y el hijo de Awlaki, Abdulrahman, de 16 años y nacido en Colorado, fallecido un mes antes.

El Gobierno de Obama (galardonado con el premio Nobel de la Paz en 2009) se ha enfrentado a la creciente presión de algunos miembros del Congreso que le han exigido que aporte más detalles sobre su programa de ataques con aviones no tripulados, incluidos los documentos secretos relacionados. El pasado mes de enero, según recuerda la BBC, la ONU puso en marcha una investigación sobre el impacto de estos ataques en la población civil.