El Gobierno israelí quiere dejar claro que el abrumador reconocimiento de la comunidad internacional a los palestinos en la ONU no va a salirles gratis.

A la aprobación el viernes de miles de viviendas en territorio ocupado, se le añade ahora una sanción económica a los palestinos. “Israel” ha decidido confiscar cerca de 92 millones de euros, correspondientes a la cuota mensual que transfiere a los palestinos en concepto de impuestos recaudados y que el Gobierno de Ramala utiliza para pagar salarios de los funcionarios. Esta suma resulta crucial para el funcionamiento de la débil economía palestina.

La transferencia mensual de impuestos forma parte de los llamados Acuerdos de París, los que regulan las relaciones económicas entre “Israel” y la Autoridad Palestina.


El año pasado, con motivo del ingreso de los palestinos en Unesco, la organización para la Educación y la cultura de Naciones Unidas, “Israel” ya cortó estas transferencias; que luego sin embargo reanudó días más tarde.

El nuevo castigo no ha provocado sin embargo exaltadas reacciones por parte de los palestinos, que por un lado dicen que ya contaban con que habría represalias, pero sobre todo, porque andan embriagados tras su triunfo diplomático.