Un tribunal administrativo da la razón al Constitucional en su pugna con el Parlamento controlado por los islamistas

El polémico proceso de redacción de la futura Constitución egipcia, que enfrenta a islamistas y laicos, entró ayer en su enésimo bucle al decidir una corte administrativa que debe ser el Tribunal Constitucional el que dé luz verde o disuelva la Asamblea que se encarga de su elaboración.

Esta decisión podría llevar a un nuevo pulso entre el Constitucional, compuesto por jueces designados por Mubarak, y los Hermanos Musulmanes, mayoría en la Asamblea, y posponer aún más el documento que trazará las líneas maestras del futuro del país. Su primer borrador, que fue presentado la semana pasada, ha sido muy criticado por las fuerzas seculares.

Esta es la segunda Asamblea Constitucional que se forma desde la caída de Hosni Mubarak, después de que la anterior fuera disuelta por un tribunal administrativo. Tras aquel varapalo para los islamistas, que controlaban este órgano, los diputados consiguieron llegar entonces a un acuerdo para designar de nuevo a sus miembros y sacaron adelante una ley con este propósito la víspera de que el propio Parlamento fuera disuelto por el Tribunal Constitucional.

Como una pescadilla que se muerde, varias denuncias cuestionan ahora la legitimidad de esa Asamblea, ya que si sus 100 miembros fueron elegidos por un parlamento considerado ilegítimo y disuelto por el Constitucional, la propia asamblea también debe ser desmantelada. Grupos laicos y de derechos humanos aseguran que la actual asamblea no representa a todos los egipcios, ya que en ella apenas hay representadas mujeres, y la corriente islamista domina el órgano.

El complejo laberinto jurídico en el que se ha convertido la transición egipcia pone ante sí paradojas como esta, en la que casi nadie tiene claro qué es constitucional hoy en día. Especialmente desde que la Ley Fundamental que rige actualmente en Egipto es una serie de declaraciones constitucionales impulsadas por la anterior junta militar y por el actual presidente, Mohamed Moursi.

Si el tribunal decide finalmente disolver la Asamblea, será el propio Moursi el que designe sus nuevos miembros, una autoridad que se auto concedió en su última declaración constitucional.