La muerte de un joven mexicano de 16 años el pasado miércoles tras ser disparado por varios agentes de la Policía de Frontera de Estados Unidos en Nogales, un municipio fronterizo entre Sonora y Arizona, ha levantado la indignación de las autoridades mexicanas que han exigido al Gobierno de su vecino del norte que lleve a cabo una “investigación exhaustiva y transparente” sobre el suceso.

La Embajada de México, a través de un comunicado, ha llamado la atención sobre la preocupación por el “recurrente uso de la fuerza” por parte de los miembros de ese cuerpo de seguridad.

La noche del miércoles, varios agentes estadounidenses abrieron fuego contra José Antonio Elena y otros jóvenes que habían empezado a lanzarles piedras desde la parte mexicana de Nogales, para impedir la captura de dos contrabandistas que habían dejado un alijo de droga en la frontera de EE UU, explican desde la Embajada mexicana. En un comunicado enviado a la prensa, la Policía de Frontera de Tucson aseguró que sus oficiales habían exigido a los "sospechosos que pararan de apedrearles" y que, al no obedecer sus órdenes, "abrieron fuego". El menor fue hallado a la mañana siguiente abandonado sobre la acera de la calle Internacional de Nogales con ocho impactos de bala en el cuerpo.

Desde el mes de julio, se han registrado tres incidentes similares en los que la policía estadounidense siempre ha alegado que previamente habían sido atacados a pedradas. El Gobierno mexicano ha tildado en todas las ocasiones de “inaceptable” el “desproporcionado uso de la fuerza” por parte de la Policía de Frontera de su vecino del norte y, este jueves, ha exigido que “la investigación sea llevada hasta sus últimas consecuencias y derive en todas las sanciones que correspondan”, de acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaria de Relaciones Exteriores mexicana.

Sean Chapman, el abogado del agente implicado en el tiroteo del miércoles, declaró al diario “Arizona Star” que la Policía de Frontera está autorizada a disparar si se ve amenazada de muerte, y en esa amenaza, según el letrado, se incluyen el lanzamiento de piedras.

Desde mayo de 2010 se han registrado al menos ocho casos de uso extremo de la fuerza por parte de la Policía de Frontera contra inmigrantes desarmados e indefensos que han acabado falleciendo y sin una investigación penal por parte de la Justicia de EE UU.