J2 ha detenido ilegalmente a cientos de civiles y militares en detención militar y sin cargos ni juicio

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este lunes que el departamento de Inteligencia Militar de Ruanda, conocido como J2, ha detenido ilegalmente a cientos de civiles, sin cargos ni juicio, en centros de detención militar en los que muy probablemente han sido sometidos a torturas. Aparte, ha asegurado que al menos dos de ellos se encuentran desaparecidos desde marzo de 2010.

La organización ha hecho público un nuevo informe en el que se denuncian las detenciones ilegales, las desapariciones forzadas y las torturas supuestamente cometidas por el J2, con detalles sobre las declaraciones de personas que fueron sometidas a palizas, descargas eléctricas y privaciones sensoriales a fin de extraerles confesiones en los interrogatorios.

"El historial en Derechos Humanos del Ejército ruandés cada vez es más conocido en el extranjero, pero las detenciones ilegales y las torturas de civiles en Ruanda están envueltas en el secreto", declaró la subdirectora para África de Amnistía Internacional, Sarah Jackson.

Según el informe, cientos de varones han sido sometidos a un régimen de incomunicación durante meses, ocultos por los muros del J2. Algunos de ellos han denunciado torturas.

Para el periodo comprendido entre marzo de 2010 y junio de 2012, Amnistía Internacional ha documentado al menos 45 casos de detenciones ilegales y 18 de supuestas torturas o malos tratos en Camp Kami, en el campamento militar de Mukamira y en pisos de la seguridad en la capital, Kigali. Los hombres habían sido detenidos por el J2 por periodos que iban de los diez días a los nueve meses, sin acceso a abogados, médicos ni familiares.

La mayoría de ellos habían sido detenidos por el Ejército desde marzo de 2010 tras una serie de ataques con granada en Kigali, después de la marcha del anterior jefe del Ejército, Kayumba Nyamwasa, y en el contexto de las elecciones presidenciales de agosto de 2010. Dos de los detenidos --Robert Ndengeye Urayeneza y Sheikh Iddy Abbasi-- continúan desaparecidos desde marzo de 2010.

Muchos de los detenidos fueron acusados posteriormente de amenazar a la seguridad nacional. Algunos de los encausados declararon ante el tribunal que habían sido torturados para obligarlos a confesar. "En violación del Derecho Internacional, los jueces por lo general les pidieron que demostrasen las torturas, en vez de garantizar que se investigasen las denuncias", aseguró AI, lo cual "socava la credibilidad del sistema judicial ruandés".

LAS TORTURAS

En mayo de 2012, las autoridades ruandesas negaron la existencia de casos de detención ilegalmente el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, "a pesar de las abrumadoras evidencias en sentido contrario", según Amnistía. El Comité había exigido al Gobierno de Ruanda que investigase las denuncias sobre centros de detención secretos y sobre desapariciones forzadas.

Según Amnistía, tanto las personas afectadas como los abogados tienen miedo a la hora de presentar denuncias sobre detenciones ilegales y torturas por motivos de seguridad.

Un caso en que sí hubo denuncia es el del teniente coronel Rugigana Ngabo, que fue elevado por su familia ante el Tribunal de Justicia del Este de África, en Tanzania. El tribunal determinó que la detención del militar, sin cargos ni juicio, durante cinco meses, violaba las obligaciones de Ruanda como Estado miembro de la Convención contra la Tortura, en virtud del cual el país acaba de criminalizar la tortura en su Código Penal.

Según Amnistía, Ruanda ha dado algunos pasos positivos para combatir la tortura, como la ratificación del Protocolo Opcional de la Convención o la invitación al relator especial sobre la Tortura para visitar el país.

No obstante, "ningún dirigente se han comprometido todavía a investigar esos casos", lamentó la organización. La Fiscalía General ha asegurado recientemente a Amnistía Internacional que "no hay ninguna tortura" en Ruanda y que las autoridades "no pueden investigar denuncias falsas".

El número de casos de torturas ha declinado a lo largo del último año, pero "la negligencia de las autoridades ruandesas a la hora de perseguir a los responsables puede contribuir a que el J2 repita estas prácticas en respuesta a reales o supuestas amenazas a la seguridad", concluyó AI.