Internacional
Cámara de EE.UU. censura al máximo responsable de Justicia
Eric Holder se negó a entregar documentos sobre operación de tráfico de armas
La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó hoy la censura por desacato contra el secretario (ministro) de Justicia, Eric Holder, por primera vez en la historia del país, por su negativa a entregar más documentos sobre la fallida operación de tráfico de armas "Rápido y Furioso" a México en 2009.
Con 255 votos a favor y 67 en contra, la Cámara Baja aprobó la medida sin precedentes contra Holder, en una acción que enfrentó a republicanos y demócratas.
Varios legisladores demócratas, encabezados por su líder, Nancy Pelosi, abandonaron la sala para boicotear el voto.
La medida, la primera contra un máximo responsable de Justicia en activo en más de 200 años de historia de EE.UU., no conlleva la dimisión de Holder pero refleja una atmósfera de gran tensión entre los dos partidos.
Abre las puertas, además, a una larga y costosa batalla legal.
El primer voto por desacato penal fue seguido por una segunda resolución por desacato civil, en una votación por 258 contra 95, que busca exigir por la vía judicial la entrega de los documentos solicitados por los republicanos.
Tanto la Casa Blanca como sus aliados demócratas en el Congreso insistieron en que la votación tuvo claras motivaciones políticas, porque el Departamento de Justicia entregó 7.600 documentos y participó en once audiencias en el Congreso en conexión con "Rápido y Furioso".
El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer, dijo en un comunicado que el voto fue un "ardid político" de los republicanos "en vez de una supervisión legítima del Congreso" sobre la operación.
Desde Miami (Florida), Holder tachó la resolución, en pleno año electoral, como un "burdo intento y un grave perjuicio para el pueblo estadounidense" porque, además, "desatará un innecesario conflicto en los tribunales".
La operación, a cargo de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), permitió el trasiego ilegal de unas 2.000 armas a México en 2009, con la idea de rastrearlas hasta los cabecillas del narcotráfico y el crimen organizado en ese país.
Pero la ATF, que depende del Departamento de Justicia, le perdió el rastro a esas armas, que fueron a parar a manos criminales. Se calcula que unas 1.400 armas aún no han sido recuperadas.
| Con 255 votos a favor y 67 en contra, la Cámara Baja aprobó la medida sin precedentes contra Holder, en una acción que enfrentó a republicanos y demócratas.
Varios legisladores demócratas, encabezados por su líder, Nancy Pelosi, abandonaron la sala para boicotear el voto.
La medida, la primera contra un máximo responsable de Justicia en activo en más de 200 años de historia de EE.UU., no conlleva la dimisión de Holder pero refleja una atmósfera de gran tensión entre los dos partidos.
Abre las puertas, además, a una larga y costosa batalla legal.
El primer voto por desacato penal fue seguido por una segunda resolución por desacato civil, en una votación por 258 contra 95, que busca exigir por la vía judicial la entrega de los documentos solicitados por los republicanos.
Tanto la Casa Blanca como sus aliados demócratas en el Congreso insistieron en que la votación tuvo claras motivaciones políticas, porque el Departamento de Justicia entregó 7.600 documentos y participó en once audiencias en el Congreso en conexión con "Rápido y Furioso".
El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer, dijo en un comunicado que el voto fue un "ardid político" de los republicanos "en vez de una supervisión legítima del Congreso" sobre la operación.
Desde Miami (Florida), Holder tachó la resolución, en pleno año electoral, como un "burdo intento y un grave perjuicio para el pueblo estadounidense" porque, además, "desatará un innecesario conflicto en los tribunales".
La operación, a cargo de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), permitió el trasiego ilegal de unas 2.000 armas a México en 2009, con la idea de rastrearlas hasta los cabecillas del narcotráfico y el crimen organizado en ese país.
Pero la ATF, que depende del Departamento de Justicia, le perdió el rastro a esas armas, que fueron a parar a manos criminales. Se calcula que unas 1.400 armas aún no han sido recuperadas.