Profesores se manifiestan en Chile por mejoras laborales y dan ultimátum al Gobierno

Miles de profesores chilenos marcharon este miércoles por Santiago y otras ciudades del país para reclamar mejoras laborales y amenazaron con convocar un paro indefinido si el Gobierno no atiende sus demandas.

“Hemos venido dialogando con el Gobierno, participando en todas las mesas desde hace más de un año, pero ya no nos quedaba alternativa. Los problemas son tan graves y serios que hoy día están impidiendo el normal desarrollo de las labores escolares”, dijo el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz.

Con pancartas con mensajes como “Boric olvidón, ponte vivito con la educación” o “200.000 profesores han muerto esperando justicia”, la manifestación principal partió de la mítica Plaza Italia, la rotonda de la capital que fue epicentro del estallido social de 2019.

Según cálculos del gremio, el paro de 24 horas fue seguido por más de 100.000 profesores en todo el país y cerca de 5.000 centros educativos públicos cerraron sus puertas este miércoles.

El gremio anunció un nuevo paro de 48 para la semana que viene y alertó de que están dispuestos a convocar un paro indefinido “si es que las autoridades de Educación no reaccionan e implementan el sentido de urgencia que la crisis educativa requiere”, dijo Díaz.

Entre las demandas que reclaman están cambios en la jornada escolar, un bono para los profesores jubilados, medidas para mitigar tanto la violencia en los establecimientos escolares como el estrés laboral y el pago de la denominada “deuda histórica”.

La “deuda histórica” es el perjuicio salarial que sufrieron miles de profesoras de escuelas públicas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, lo que impidió que los profesionales recibieran el reajuste salarial que estaba contemplado.

El presidente chileno, Gabriel Boric, un antiguo líder estudiantil, prometió al llegar al poder reparar ese perjuicio salarial, pero el pasado junio reconoció en su segunda comparecencia ante el Parlamento que el Estado no cuenta con fondos suficientes y que es necesario aprobar una reforma tributaria para conseguirlos.