Irán rechaza ante la ONU las falsas acusaciones de Occidente sobre venta de drones a Rusia

En una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Michel Xavier Biangm, el representante permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amir Said Iravani rechazó las acusaciones sin fundamento de la troika europea (Alemania, Reino Unido y Francia), así como Estados Unidos, sobre el uso de drones iraníes durante la guerra en Ucrania.

Iravani dijo que es “irónico” que Washington y los tres países europeos acusen a Irán de violar una cláusula específica de la referida resolución, mientras que ellos mismos continúan violando flagrantemente todas las obligaciones legales derivadas de la misma resolución.

El diplomático iraní también acusó a Estados Unidos y a la troika europea de difundir información falsa, contenidos no documentados, especulaciones falsas e interpretaciones engañosas, arbitrarias e incompletas de la Resolución 2231, estableciendo un “vínculo falso” entre esa resolución y el uso de drones en el conflicto de Ucrania para justificar sus afirmaciones infundadas contra la República Islámica de Irán.

“Los países occidentales están tratando de establecer una conexión falsa entre la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad y el uso de drones en la guerra en Ucrania, basándose en interpretaciones falsas y engañosas, mientras que la Resolución 2231 no prohíbe la exportación de armas, ni ofrece al secretario de la ONU las instrucciones y la capacidad necesarias para llevar a cabo esta investigación”, indicó.

Por otro lado, Iravani enfatizó que las restricciones especificadas en la Resolución 2231 “terminaron oficialmente” el 18 de octubre de 2020, y, “desde entonces, ninguno de los suministros, ventas o transferencias de armas o material relacionado de Irán a otros países cae dentro de la Resolución 2231”.

Por tanto, consideró “ilegal” y en clara violación del mandato de la Secretaría cualquier uso indebido de las obligaciones mencionadas en la Resolución 2231 para realizar la llamada investigación solicitada. Y, en consecuencia, es “inválido” cualquier hallazgo que resulte de tal investigación ilegal, resaltó.