La Comisión Europea ha decidido continuar el proceso sancionador contra Hungría por su déficit democrático y ha denunciado al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por dos polémicas leyes introducidas en la reforma constitucional a finales del año pasado.

Bruselas estima que el Gobierno de Viktor Orban no ha hecho aún lo suficiente para asegurar la independencia de la agencia de protección de datos del país así como en la controvertida ley que reforma la judicatura del país y que adelanta la edad de jubilación de jueces, abogados y notarios desde los 70 hasta los 62 años.

En cambio, el colegio de comisarios del Ejecutivo comunitario ha retirado del proceso sancionador el tercer punto que sí había incluido en un primer momento, el relativo a la independencia del Banco Central.

El portavoz comunitario, Olivier Bailly, ha justificado esta decisión porque Bruselas "ha recibido las garantías suficientes por parte del Gobierno húngaro para cambiar la ley y enmendarla pronto".