Último clavo en el ataúd de Áñez: TCP tacha de ilegal su interinato

El Tribunal Constitucional (TCP) de Bolivia sentenció, mediante una resolución, publicada el viernes, que la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina, tras el golpe de Estado de 2019 no se ajustó a la legalidad.

Esto significa, indicó, que no hubo “vacío de poder” cuando Áñez ocupó la Presidencia, tal y como la oposición sostuvo para justificar la medida, ya que los titulares del Senado y de Diputados seguían en funciones, pues sus renuncias no habían sido revisadas aún en las respectivas Cámaras.

El fallo emitido por el TCP definió la no correspondencia de una sucesión ipso facto, fundamentándose en el hecho de que Áñez se declaró primero presidenta del Senado y luego jefa del Parlamento, en los dos casos sin voto parlamentario, para después granjearse su acceso a la Presidencia del Estado en sucesión del renunciante exmandatario Evo Morales.

Según el tribunal, tras la salida de Morales solo podían asumir directamente su entonces vicepresidente Álvaro García —que también renunció— o los entonces presidentes del Senado o de Diputados, y no un vicepresidente camaral, sin pasar por el voto de sus colegas, como lo hizo Áñez.

El 13 de marzo de 2021, la Policía de Bolivia arrestó a Áñez en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, después de que la Fiscalía emitiera una orden de detención por cargos vinculados con el golpe de Estado. De hecho, la Fiscalía General presentó una demanda contra ella y cinco exministros por “genocidio”.

Es más, el ministro de Gobierno del país, Eduardo del Castillo, denunció que la expresidenta de facto obtuvo entre febrero y marzo de 2020 un crédito para vivienda de 100.000 dólares con la garantía del exministro Arturo Murillo y su jefe de gabinete Sergio Méndez, ambos detenidos en Estados Unidos por corrupción. De hecho, agregó, ese crédito coincide con desembolsos para la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.

Durante las marchas posgolpe en Bolivia, la Policía bajo orden de Áñéz reprimió fuertemente con armas y agentes químicos a los manifestantes que se oponían al statu quo. La represión policial y militar dejó unas 36 víctimas mortales y más de 800 heridos.