El gobierno de México rechaza la liberación de la francesa Florence Cassez, condenada por secuestro, argumentando los "derechos de las víctimas", pero numerosas voces respaldan al magistrado que pidió excarcelarla en nombre del derecho de los acusados al "debido proceso".

Arturo Zaldívar, presidente de la primera sala de la Corte Suprema de Justicia, reclamó la "liberación inmediata y total" de Cassez, detenida desde hace seis años, debido a graves vicios en el proceso.

El eje del proyecto de resolución planteado por Zaldívar es la constatación de que hubo un montaje organizado por la Agencia Federal de Investigación para mostrar ante las cámaras de televisión la supuesta captura en directo de Cassez y la liberación de tres secuestrados en diciembre de 2005, en un rancho del centro de México. En realidad, se trataba de una reconstrucción, y Cassez había sido detenida un día antes junto a su exnovio Israel Vallarta en una carretera.



Zaldívar señala que este montaje, así como el hecho de que Cassez no gozó del derecho a la asistencia consular y no fue puesta de inmediato a disposición de la fiscalía tras su detención, constituyen violaciones que "provocaron la afectación total del procedimiento al tener una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la defensa adecuada".

El gobierno replicó a través de la Fiscalía, que expresó su preocupación por que la liberación de Cassez termine por afectar los "derechos de las víctimas" a obtener justicia, subrayando que "ningún elemento demuestra la deformación de la realidad" a la que se refiere Zaldívar.