El tercer punto en discusión en las conversaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, y el gobierno colombiano, parece estar a punto de llegar a un acuerdo.

Al cierre del último ciclo de conversaciones, el número 24 desde que en noviembre del 2012 se iniciaron estas conversaciones en La Habana, Cuba, los portavoces de la guerrilla aseguraron que se encuentran “ad portas” de la conclusión de un acuerdo sobre un tema altamente delicado: la solución al problema de las drogas ilícitas.

El asunto es crucial entre los otros que componen la agenda del diálogo. No se trata solamente, como ha explicado la delegación de las FARC, de enfrentar el tenebroso y mortífero proceso de comercialización y transporte de la droga.


Se trata de abordar el asunto en toda su dimensión, incluyendo sus connotaciones sociales en el campo. Es decir, en la adopción de políticas sustitutivas que ofrezcan horizontes al campesinado que hoy cultiva la hoja de la coca como modo de subsistencia. Igualmente, que se consideren las posibilidades que para la medicina tienen estas producciones.

Pero del mismo modo se pronuncia de manera radical por “promover políticas que reduzcan efectivamente el consumo, que prevengan y reduzcan los daños relacionados con el uso de drogas y con las políticas de fiscalización de drogas… Remplazar la criminalización y el castigo de las personas que usan drogas, por la oferta en salud y tratamiento para quienes lo necesitan”.

“Las FARC”, explica un comunicado, “expresan su firme condena y rechazo al narcotráfico en todos sus aspectos, y reafirman su compromiso de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación, mediante acciones prácticas, a la búsqueda de solución al fenómeno de la producción y comercialización de drogas ilícitas.”

Con una superficie mayor de un millón de kilómetros cuadrados y con 46 millones de habitantes, Colombia es un país de extraordinarios recursos naturales, pero al mismo tiempo uno de los más golpeados por la mala distribución de la riqueza: el uno por ciento de los colombianos es propietario de la mitad de la tierra.


La llamada -y fracasada- guerra contra las drogas yanqui justificó la intervención militar estadounidense en el país y lo convirtió en uno de los principales receptores, junto con “Israel” y Egipto, de ayuda bélica de Estados Unidos. El presupuesto militar colombiano es, en proporción con su producto interno bruto, uno de los más elevados del mundo.

Las primeras coincidencias

En las conversaciones de paz en Cuba ambas partes coincidieron ya en los primeros puntos de la agenda.

El primero fue consagrado a los problemas del campo, como el desarrollo territorial, la necesidad de crear infraestructuras, de brindar servicios de educación y salud en el medio rural, la fabricación allí de viviendas, así como los estímulos a la producción agropecuaria: todo, con vistas a reparar viejas injusticias y a erradicar la pobreza entre los campesinos.

Luego se abordó otro tema principal: la forma que adoptaría, luego de firmada la paz, la participación política de las fuerzas antes beligerantes en el escenario nacional.

El tema de las drogas ha tomado ya siete meses de debate. Ciertamente, las elecciones parlamentarias, el fin de año y otros eventos han afectado su continuidad. Pero se trata de un asunto central. A juicio del presidente Juan Manuel Santos, su importancia radica en que “haría que el proceso (de paz) sea irreversible”.

Y se avizora un próximo y crucial cuarto tema: el vinculado con los derechos de las víctimas del conflicto armado que dura ya cincuenta años.

Este tema supone, de inicio, definir quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios en el escenario colombiano.

Será un tema de fuerte debate nacional

Los años de la guerra han creado grupos de opinión bien definidos en el país, algunos totalmente polarizados. Concretar una narrativa que ponga en su sitio cada acontecimiento y cada protagonista, donde se definan las responsabilidades de los distintos estratos de la sociedad colombiana en este medio siglo, es una tarea de una alta complejidad y de una extraordinaria importancia histórica.

La guerrilla ha expresado que nunca rehuirá sus responsabilidades, pero que tampoco desea “pactar impunidades”.


Y a tal efecto han expresado la conveniencia de que el debate sobre este punto sea precedido del trabajo de una “comisión de esclarecimiento de la historia”, que defina un "relato histórico con conclusiones y efectos políticos" del conflicto colombiano.

Este trabajo previo, explican, resulta necesario para caracterizar a la "multiplicidad de actores" que han intervenido en el conflicto, incluidos el Estado y las fuerzas militares y paramilitares.

Será un tema que además deberá alzarse sobre décadas de falseamiento de la realidad por parte de la gran prensa colombiana, íntimamente emparentada con las oligarquías y con los sectores de extrema derecha, enemigos del propio proceso de paz.

Adicionalmente, se verán los asuntos relacionados con el desarme y la suscripción de un acuerdo final, que englobe todos los otros acuerdos adoptados en cada tema por separado.

Las partes negociadoras anunciaron que tomaban un receso hasta el lunes 12, para realizar consultas. A su regreso, existen grandes posibilidades de que el sensible y estratégico punto tres de la agenda, encuentre también un consenso que tendrá ribetes históricos para la nación colombiana.