Internacional
Colombia: un nuevo acuerdo para la paz
El segundo de los acuerdos logrados entre el gobierno y las FARC-EP
Joaquín R. Hernández - especial Alahednews
Concluye un nuevo ciclo de las conversaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo y el gobierno colombiano en La Habana, y se da a conocer el segundo de los acuerdos logrados.
Dos acuerdos sobre dos temas fundamentales
Si el primero alcanzado fijó posiciones comunes respecto a un tema tan complejo y donde son tan frecuentes las injusticias como el de la tierra, el segundo es vital para el objetivo que se persigue con las negociaciones: el acceso de las FARC-EP, en un futuro escenario de paz, a la política colombiana.
Pero la veterana organización guerrillera no podía recorrer simplemente el camino hacia su legalización ni buscar solo para sí los beneficios de un acuerdo de participación política.
Como señala la declaración emitida por la delegación de las FARC-EP, “todas las iniciativas en la mesa de conversaciones de La Habana, han sido inspiradas en las reivindicaciones y propuestas de las organizaciones sociales y políticas del país (…) la fuerza de nuestra palabra ha estado en la valerosa movilización de un pueblo, que sin temerle a la represión y a la criminalización, ha levantado sus banderas para exigir los cambios estructurales que se requieren para la fundamentación de la paz”.
En la dirección de cambios estructurales apuntaron los conceptos incluidos en el pasado acuerdo sobre el tema agrario, y en tal dirección apuntan hoy los que recoge este consenso sobre la participación política.
Por lo tanto, el acuerdo no se limita a la integración de la guerrilla al desempeño político interno. En él se sientan las bases para que todos los sectores y movimientos sociales, así como las organizaciones que puedan surgir, ejerzan sus derechos en un ambiente de plena seguridad.
El acuerdo alcanzado propone convertir el actual orden político en una democracia realmente inclusiva y participativa, en la que participe toda la ciudadanía y no “un puñado de privilegiados oligarcas que se han apropiado de él para feriarlo y para saquearlo, favoreciendo a las trasnacionales. La gente quiere decidir, y en eso consiste la verdadera participación ciudadana”.
El consenso logrado aborda el acceso de nuevos protagonistas de la oposición colombiana a la prensa nacional.
En el fondo, se trata de que el nuevo escenario en vías de crearse amplíe el rango de las prácticas democráticas, con lo que eso supone: el respeto al pluralismo y el fomento de una cultura de la tolerancia que propicie la mayor participación ciudadana, sin cortapisas ni restricciones.
La declaración de las FARC-EP anuncia la próxima celebración de un encuentro nacional para partidos y movimientos políticos, incluidos movimientos sociales, expertos y académicos, donde estos definirán las condiciones de su respectiva participación en la vida política del país.
Los medios que reportan el desarrollo de esta noticia subrayan los peligros que pueden provenir de las huellas del conflicto. La preocupación por el revanchismo y la intolerancia, es decir, por la inseguridad, estuvieron también entre los temas abordados antes de llegar al consenso.
La reconciliación y el respeto mutuo, por encima del recuerdo de hechos de coyuntura, es siempre, no solamente en Colombia, un tema de difícil y larga solución.
Pero aplicado al ejercicio de la política, donde necesariamente volverán a chocar intereses difíciles de conciliar, es necesario desde ahora, y el acuerdo lo prevé, atender a los reclamos que la delegación guerrillera expresa en su declaración: la necesidad del “respeto a la vida, a la diferencia, a la opción política, a la no estigmatización”, y que “se puedan debatir las ideas sin temor a ser asesinado, perseguido, desaparecido o criminalizado”.
La delegación de las FARC-EP dedica atención a la realidad mediática colombiana, y destaca que esta refundación de la democracia obliga a no perder de vista que la suerte de ésta “no puede estar en manos de tres o cuatro señores ricachones dueños de los medios de comunicación y de la publicidad”.
Desde ahora mismo, la actividad negativa de los medios oligárquicos pone en peligro el mismo proceso: “Sin democracia en la tenencia de los medios, todo lo que se haga en muchos campos de la participación o en función del tratado mismo de paz, podría quedar en el limbo”, por la imposición por los medios actuales, de matrices de opinión negativas o falseadoras.
El acuerdo adoptado hace progresar la agenda del diálogo, que avanza hacia un nuevo ciclo dedicado a otro tema crucial: el cultivo de la coca destinada al mercado de la droga, y el propio narcotráfico.
De manera gráfica, el presidente colombiano Juan Manuel Santos definió la importancia del tema: “¿Se imaginan a Colombia sin coca y sin narcotráfico? Hacia allá nos dirigimos”.
De cualquier forma, como han dicho los negociadores de ambas partes, nada está acordado hasta que todo este acordado. En su continuación, el diálogo nos arrojará nuevas noticias sobre el escabroso camino hacia la paz.
| Dos acuerdos sobre dos temas fundamentales
Si el primero alcanzado fijó posiciones comunes respecto a un tema tan complejo y donde son tan frecuentes las injusticias como el de la tierra, el segundo es vital para el objetivo que se persigue con las negociaciones: el acceso de las FARC-EP, en un futuro escenario de paz, a la política colombiana.
Pero la veterana organización guerrillera no podía recorrer simplemente el camino hacia su legalización ni buscar solo para sí los beneficios de un acuerdo de participación política.
Como señala la declaración emitida por la delegación de las FARC-EP, “todas las iniciativas en la mesa de conversaciones de La Habana, han sido inspiradas en las reivindicaciones y propuestas de las organizaciones sociales y políticas del país (…) la fuerza de nuestra palabra ha estado en la valerosa movilización de un pueblo, que sin temerle a la represión y a la criminalización, ha levantado sus banderas para exigir los cambios estructurales que se requieren para la fundamentación de la paz”.
En la dirección de cambios estructurales apuntaron los conceptos incluidos en el pasado acuerdo sobre el tema agrario, y en tal dirección apuntan hoy los que recoge este consenso sobre la participación política.
Por lo tanto, el acuerdo no se limita a la integración de la guerrilla al desempeño político interno. En él se sientan las bases para que todos los sectores y movimientos sociales, así como las organizaciones que puedan surgir, ejerzan sus derechos en un ambiente de plena seguridad.
El acuerdo alcanzado propone convertir el actual orden político en una democracia realmente inclusiva y participativa, en la que participe toda la ciudadanía y no “un puñado de privilegiados oligarcas que se han apropiado de él para feriarlo y para saquearlo, favoreciendo a las trasnacionales. La gente quiere decidir, y en eso consiste la verdadera participación ciudadana”.
El consenso logrado aborda el acceso de nuevos protagonistas de la oposición colombiana a la prensa nacional.
En el fondo, se trata de que el nuevo escenario en vías de crearse amplíe el rango de las prácticas democráticas, con lo que eso supone: el respeto al pluralismo y el fomento de una cultura de la tolerancia que propicie la mayor participación ciudadana, sin cortapisas ni restricciones.
La declaración de las FARC-EP anuncia la próxima celebración de un encuentro nacional para partidos y movimientos políticos, incluidos movimientos sociales, expertos y académicos, donde estos definirán las condiciones de su respectiva participación en la vida política del país.
Los medios que reportan el desarrollo de esta noticia subrayan los peligros que pueden provenir de las huellas del conflicto. La preocupación por el revanchismo y la intolerancia, es decir, por la inseguridad, estuvieron también entre los temas abordados antes de llegar al consenso.
La reconciliación y el respeto mutuo, por encima del recuerdo de hechos de coyuntura, es siempre, no solamente en Colombia, un tema de difícil y larga solución.
Pero aplicado al ejercicio de la política, donde necesariamente volverán a chocar intereses difíciles de conciliar, es necesario desde ahora, y el acuerdo lo prevé, atender a los reclamos que la delegación guerrillera expresa en su declaración: la necesidad del “respeto a la vida, a la diferencia, a la opción política, a la no estigmatización”, y que “se puedan debatir las ideas sin temor a ser asesinado, perseguido, desaparecido o criminalizado”.
La delegación de las FARC-EP dedica atención a la realidad mediática colombiana, y destaca que esta refundación de la democracia obliga a no perder de vista que la suerte de ésta “no puede estar en manos de tres o cuatro señores ricachones dueños de los medios de comunicación y de la publicidad”.
Desde ahora mismo, la actividad negativa de los medios oligárquicos pone en peligro el mismo proceso: “Sin democracia en la tenencia de los medios, todo lo que se haga en muchos campos de la participación o en función del tratado mismo de paz, podría quedar en el limbo”, por la imposición por los medios actuales, de matrices de opinión negativas o falseadoras.
El acuerdo adoptado hace progresar la agenda del diálogo, que avanza hacia un nuevo ciclo dedicado a otro tema crucial: el cultivo de la coca destinada al mercado de la droga, y el propio narcotráfico.
De manera gráfica, el presidente colombiano Juan Manuel Santos definió la importancia del tema: “¿Se imaginan a Colombia sin coca y sin narcotráfico? Hacia allá nos dirigimos”.
De cualquier forma, como han dicho los negociadores de ambas partes, nada está acordado hasta que todo este acordado. En su continuación, el diálogo nos arrojará nuevas noticias sobre el escabroso camino hacia la paz.