Theresa May se enfrenta a otro escollo legal más para abrir las negociaciones con la Unión Europea sobre la salida del Reino Unido. La crisis de gobierno de Irlanda del Norte, que podría terminar con la convocatoria de nuevas elecciones, podría retrasar la activación del artículo 50 durante meses si el Tribunal Supremo decide que los parlamentos regionales deben aprobar la decisión de la premier.


El próximo martes, la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha prometido que detallará los planes de su Gobierno para dar luz verde al Brexit, y lo hará justo días antes de que el Tribunal Supremo decida si el Ejecutivo puede invocar de forma independiente el artículo 50 del Tratado de Lisboa o necesita la aprobación del parlamento británico.

El gobierno de May recurrió la primera sentencia del alto Tribunal que obligaba que la decisión se sometiera a votación en la cámara de los diputados. Pero además de admitir la alegación del ejecutivo británico, hizo lo mismo con los recursos gobiernos autónomos de Gales, Escocia e Irlanda del Norte para también participar en el proceso deliberativo votando la decisión del Ejecutivo central.

En caso de que el Tribunal Supremo decida que todas las asambleas del país deban pronunciarse sobre la activación del artículo 50 abre otra derivada legal con la crisis de Gobierno que atraviesa Irlanda del Norte.