El Gobierno de España volvió a manifestar su convencimiento de que las 400 bombas láser vendidas recientemente a Arabia Saudí no serán utilizadas para bombardear a la población civil de Yemen, pese a que el contrato de venta no hace ninguna mención sobre el asunto.

“No hay especificación en el contrato, pero por las características de las bombas láser no parecen ir orientadas a ese fin”, dijo en rueda de prensa Isabel Celaá, portavoz del Gobierno español.

Según explicó, el armamento es un “material de alta precisión” y por tanto “no se van a equivocar”.

De esta manera, la portavoz gubernamental incidió en la línea marcada el 13 de septiembre por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien afirmó que “esa clase de armamento no causa daños colaterales porque da en el blanco con una precisión extraordinaria”.

El 10 de septiembre, organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Intermon Oxfam, Greenpeace y FundiPau —integrantes de la campaña Armas Bajo Control— enviaron una carta al Gobierno pidiendo a Madrid la prohibición de las exportaciones de armas a Riad si hay conocimiento de que se pueden usar para violar los derechos humanos, lo que en su opinión ocurre en este caso.

El 13 de septiembre, Amnistía respondió a Borrell afirmando que el problema con las armas vendidas a Arabia Saudí no es su precisión, sino que son utilizadas para “atacar hospitales, colegios, mercados, bodas, funerales y vehículos civiles”.