El país tiene el récord mundial de informadores encarcelados



Los tribunales de Estambul han estado bastante ocupados esta semana con dos juicios colectivos contra profesionales de la información. El lunes, 35 periodistas kurdos fueron procesados por su presunta relación con la red de apoyo a la guerrilla del PKK, considerada terrorista por Ankara y la Unión Europea. El viernes les tocó el turno a los trabajadores de Oda TV, a quienes se acusa de formar parte de una enorme trama golpista conocida de forma genérica como «Ergenekon».

Sin embargo, en ambos casos existen serias dudas sobre la solidez de las acusaciones. Los críticos sostienen que estos juicios -que han convertido a Turquía en el país con mayor número de periodistas en prisión, muy por delante de China - tratan en realidad de castigar al sector de la prensa más crítico con las autoridades.

«Un mínimo de 76 periodistas están encarcelados en Turquía, y este número es un síntoma de la situación estructural en el país», explica a ABC Jean-Paul Marthoz, del Comité para la Protección de los Periodistas, que acaba de emitir un contundente informe que presenta un sombrío panorama sobre la libertad de prensa en Turquía. «El gobierno turco se encuentra inmerso en una gran ofensiva para silenciar a los periodistas críticos mediante el encarcelamiento, la persecución legal y la intimidación oficial», asegura el CPJ.

En abril, un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) cifraba el número de reporteros encarcelados en 95, mientras que algunas fuentes lo elevan hasta más allá del centenar. «Las cifras varían porque algunos han sido liberados en este tiempo, y también porque se aplican criterios diferentes. El CPJ es muy riguroso, hemos verificado las acusaciones una por una, y hemos encontrado que en al menos 61 de los casos -entre ellos los 35 kurdos juzgados el lunes- las personas están encarceladas por nada más que su actividad periodística, la práctica de un periodismo crítico», explica Marthoz.

Es tristemente célebre el caso de la reportera Özlem Agus y sus dos compañeros, quienes denunciaron las condiciones de la cárcel de Pozanti, en el sureste de Turquía, donde decenas de menores kurdos eran torturados y violados por los guardias y por prisioneros adultos. Tras la aparición de sus artículos en la agencia kurda Dicle, la reacción de las autoridades no fue solucionar la situación de los menores -que simplemente fueron trasladados a otra prisión de condiciones similares y con el mismo personal administrador-, sino encarcelar a los tres periodistas junto con el preso que les había suministrado la información, y acusarles de «terrorismo».

Las conclusiones del informe del CPJ han sido refutadas por el Ministerio de Justicia de Turquía mediante un comunicado. «Estas personas no son periodistas sino miembros de organizaciones terroristas. ¿Acaso tienen algo que ver las bombas y los asesinatos de policías con el periodismo? El CPJ trata de actuar como un tribunal judicial, dado que no acepta las decisiones de la Alta Corte de Apelaciones», dice este organismo. Sin embargo, Marthoz insiste en que «existe un ambiente de intolerancia frente a la prensa crítica. Se producen ataques verbales contra los periodistas por parte de altos oficiales del gobierno, como el propio primer ministro Erdogán, y se abren procesos de difamación». En estos momentos existen más de cuatro mil procesos judiciales abiertos contra profesionales de la información.

«Yo empecé a trabajar como periodista en 1990, y, basándome en mis experiencias y en lo que he leído sobre la historia del periodismo en este país, pienso que estamos pasando una etapa muy oscura para la libertad de expresión y de prensa. Ha habido otras épocas oscuras, pero siempre tras golpes de estado, bajo gobiernos militares», explica Ahmet Shik, reportero de investigación y uno de los juzgados en el caso de Oda TV. Shik se ha pasado un año en la cárcel, y todavía puede ser condenado a más de una década por su presunta vinculación con una organización golpista.