La vida de Julian Assange se apaga lentamente en la prisión de Belmarsh

La vida de Julian Asssange, fundador de Wikileaks, corre peligro: sigue detenido en la prisión de máxima seguridad del Reino Unido, Belmarsh, a la espera del desenlace de un largo proceso judicial por cargos de espionaje.

Según informó WikiLeaks en su página de internet, Assange, de 48 años, fue trasladado varias veces al hospital de la propia prisión después de una “drástica pérdida de peso” y complicaciones de salud. El sitio afirmó además que “está tan mal que casi no puede mantener una conversación”.

“La salud de Assange ya se había deteriorado significativamente después de siete años en la embajada de Ecuador, donde estuvo en condiciones incompatibles con los derechos humanos básicos”, explicó Wikileaks.

Por su parte, el padre de Assange, John Shipton, contó al sitio de información World Socialist Web Site (WSWS) que su hijo “podría morir” en prisión, como resultado de las terribles condiciones bajo las cuales está detenido.

WSWS indicó que Assange “sería la víctima de un intento de asesinato en cámara lenta por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia”.

“Hay muchas razones para acusar a Washington, Londres y Canberra por haber planeado la muerte de Assange, al preferir esa opción en lugar de años de un proceso político para extraditarlo del Reino Unido a Estados Unidos, en un juicio amañado por cargos de espionaje”.

También explicó que Assange permanece detenido en una celda pequeña en completo aislamiento de 21 a 23 horas al día, no tiene acceso a información externa ni a llamadas telefónicas, como tampoco se le permite visitar la biblioteca de la prisión.

Assange permanece dentro de la prisión de Belmarsh desde el pasado 11 de abril, cuando las autoridades de Ecuador le retiraron el estatus de asilado político y autorizaron a la policía británica a ingresar a la embajada ecuatoriana para detenerlo.

El fundador de WikiLeaks se enfrentará el 25 de febrero próximo a una audiencia de extradición a Estados Unidos por 17 cargos de espionaje y uno de conspiración, que pueden suponer una condena de hasta 175 años de prisión.