Rusia, Sudáfrica, Burundi y Gambia abandonaron la Corte Penal Internacional (CPI).

Los tres países africanos, firmantes del Estatuto de Roma que fundó en 2003 este tribunal, anunciaron esa decisión con anterioridad bajo el argumento de que esa institución jurídica es parcial y colonial por juzgar sólo a personas africanas, mientras el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó revocar la firma de Rusia.

Otros dos Estados africanos, Namibia y Uganda, adelantaron su deseo de retirarse del tribunal, en tanto gobernantes de Chad y Yibuti sugirieron la posibilidad de seguir ese camino, subrayaron aquí observadores.


Entre las críticas más severas a la CPI figura la del ministro de justicia de Sudáfrica, Michael Mathura, quien cuestionó al ente de ignorar atrocidades en otras partes del mundo ajenas al continente africano. Todas las investigaciones plenas de la Corte, a excepción de una, son en África, aunque la mayoría fueron referidas por los propios países africanos y dos por el Consejo de Seguridad de la ONU, señaló el titular.

Según Mathura, los juristas de la Corte “se hacen los de la vista gorda para concentrarse en un espacio geopolítico, con exclusión de todos los otros”.

“El principio de universalidad en la aplicación de la ley tiene que estar en el centro de la institución. Si no están dispuestos a respetar ese principio, su credibilidad seguirá siendo erosionada”, destacó el titular sudafricano.

Medios de prensa recordaron que la CPI se abstiene de intervenir para enjuiciar las atrocidades en Siria, atenida al principio de que carece allí de jurisdicción automática porque ese país no es miembro del Estatuto de Roma.

La fiscal principal de la corte, la gambiana Fatou Bensouda, trató de restar importancia a las citadas renuncias y alegó que “esta no es una crisis del sistema del Estatuto de Roma, sino un contratiempo en nuestros esfuerzos conjuntos para conseguir un mundo más pacífico y justo”.