Las personas detenidas por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio están siendo sometidas a detenciones arbitrarias, torturas, violaciones e incluso desapariciones forzosas, según testimonios recogidos por Amnistía Internacional ha recogido testimonios.

“La Policía mantiene a los detenidos en posturas incómodas, les niega la comida, el agua y el tratamiento médico, son sometidos a insultos y amenazados, golpeados y torturados con prácticas que suponen violaciones y agresiones sexuales”, denuncia Amnistía.

El informe de Amnistía ha sido elaborado a partir del testimonio de abogados, médicos y funcionarios de centros de detención. Todos ellos han hablado bajo condición de anonimato porque temían por su seguridad.


Dos abogados de Ankara han relatado que sus clientes han asegurado haber visto cómo varios altos cargos militares eran violados con porras o con el dedo por policías. Un trabajador de la Comisaría Central de Ankara ha informado de que hay entre 650 y 800 militares retenidos en el gimnasio de la comisaría y que hasta 300 tienen signos evidentes de haber sido golpeados.

Los propios policías se jactan en conversaciones de que han golpeado a los detenidos "para que hablen", siempre según el trabajador consultado por Amnistía.

Procesos judiciales irregulares

Los abogados aseguran por otra parte que muchos de los detenidos llegan a las vistas con la camisa ensangrentada.

Además, los acusados comparecen ante el tribunal en grupos de hasta 20 y 25 personas, lo que dificulta el derecho a un juicio justo y los jueces ordenan prisión provisional sin fianza para cualquier militar que saliera de su base en la tarde del golpe de Estado sin importar sus motivos.


“Detener a las personas sin cargos penales y sin demostrar que tienes pruebas de actos criminales es por definición arbitrario e ilegal”, dijo el director para Europa de Amnistía Internacional, John Dalhuisen. “Es necesario investigar estas prácticas irregulares y aparentemente sistemáticas”, advirtió.

Amnistía denuncia igualmente el decreto gubernamental que amplía de 4 a 30 días el plazo del que disponen las fuerzas de seguridad antes de tener que presentar al sospechoso ante los tribunales. “Este cambio expone a los detenidos al peligro de más torturas y maltratos”, argumenta.

“A pesar de las impactantes imágenes y vídeos de torturas que se han visto en todo el país el Gobierno mantiene un silencio evidente sobre estos abusos. No condenar el maltrato o las torturas en estas circunstancias supone consentirlos”, sostiene Dalhuisen.