El Ejecutivo egipcio tomaría “todas las medidas legales necesarias para afrontar los actos de terrorismo y el corte de las calles”.


“El Gabinete ha revisado la situación de seguridad del país, y ha concluido que la situación peligrosa en Raba al Adauiya y la plaza Nahda, incluidos los actos terroristas y de corte de calles que han ocurrido, no es ya aceptable, pues constituye una amenaza para la seguridad nacional y la paz social”, según un comunicado de la ministra de Información, Dorreya Sharaf el Din. Sus palabras constituyen una seria amenaza a los miles de personas acampadas frente a la mezquita de Rabá al Adauiya y la Universidad de El Cairo, los dos epicentros de las movilizaciones “islamistas”.

Los responsables “islamistas” no se han cansado de repetir que no pondrán fin a sus protestas hasta que Mursi vuelva a la presidencia.

El anuncio de las autoridades llegó sólo unas horas después de que la jefa de la diplomacia de la UE, Catherine Ashton, abandonara la capital egipcia. Ashton se entrevistó con los principales líderes políticos del país, incluido el ex rais Mursi, que se encuentra detenido e incomunicado, para intentar reconducir el conflicto que enfrenta al Ejército y a la Hermandad. El portavoz de Ashton, Michael Mann, aseguró que está dispuesta a volver a Egipto si es necesario “para facilitar los movimientos hacia una transición democrática”.

El ministro de Exteriores, Nabil Fahmy, negó ayer que la representante europea hubiera propuesto un plan de reconciliación nacional. Según Fahmi, Ahston buscaba conocer de primera mano la situación del país y “sugerir ideas”.


En cambio, la versión de los Hermanos Musulmanes es que Ahston sí adoptó una actitud más intervencionista. Según un dirigente de su brazo político, Mohamed Beltagy, en su reunión con Mursi “le presionó para aceptar su derrocamiento y el golpe”. Los responsables de la Hermandad no se han cansado de repetir que no pondrán fin a sus protestas hasta que Mursi vuelva a la presidencia del país, una posibilidad rechazada de forma categórica por las autoridades.

El pasado domingo, el presidente interino, Adli Mansur, delegó en el primer ministro la capacidad de aplicar varias medidas propias de la declaración del estado de emergencia, como por ejemplo, permitir al ejército el arresto de civiles. En caso de proceder al desalojo de los campamentos puede ocurrir una masacre peor que la del pasado sábado, cuando una actuación brutal de la policía para dispersar una marcha se saldó con la muerte de al menos 80 personas.